sábado, 21 de enero de 2012

*LOS MOVIMIENTOS y LUCHAS SOCIALES EN LA BAJA EDAD MEDIA*

“Los asuntos humanos se deciden por medio de conflictos de ideas, que suelen resolverse, a su vez, mediante conflictos por las armas” Hilaire Belloc.
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Luego de la decisión del gobierno español de frenar las extradiciones solicitadas por el juez Baltasar Garzón, y de la oportuna sentencia de la Cámara Federal, el gobierno nacional recargó las tintas sobre el alto tribunal.
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El primero en hacerlo fue el presidente Néstor Kirchner, cuando dijo, apenas conocida la decisión del Consejo de Ministros español, el jueves último, que ahora todo depende de la Corte.
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Ayer, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, insistió: "En los países serios (los pronunciamientos de la Justicia) no se demoran eternamente", azuzó. Y el ministro de Defensa, José Pampuro, afirmó que la reapertura de los juicios "complica" la situación de los hombres de armas. Matizó la urgencia del gobierno con la necesidad de darle una señal de comprensión al sector militar.
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Hace un mes, la Corte, frente a similares reclamos del Poder Ejecutivo, emitió un duro comunicado destinado a frenar la ansiedad presidencial. Ayer, un ministro del alto tribunal decía que no entendía la estrategia presidencial: "No hay posibilidad de destrabar la votación", afirmó.
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Es cierto: cuatro ministros -Enrique Petracchi, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Carlos Fayt- se inclinan por enviar la causa a Casación Penal antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, y apenas dos jueces quieren declarar ahora mismo la invalidez de las leyes -Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda-. Se descuenta que, finalmente, las leyes serán declaradas inconstitucionales, porque a estas alturas sólo Eduardo Moliné O’Connor y Vázquez podrían defender su validez. Pero nada indica que pueda ocurrir en los tiempos que quiere el Ejecutivo.
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Ayer, en tanto, la Cámara Nacional Electoral -conformada por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via, Rodolfo Munne- visitó a la Junta Electoral, encargada de realizar el escrutinio definitivo de los comicios porteños.
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Pero más allá de la controversia que existe entre las listas de Aníbal Ibarra y de Mauricio Macri por los resultados y del aprovechamiento que cada candidato pueda hacer de ello, no hay que perder de vista que el único escrutinio válido no es el provisional, sino el definitivo, que es ejecutado y controlado por la Justicia.
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El tema se complicó por la distancia que va tomando Macri en el recuento. Ayer, según una fuente judicial, del 3,3 por ciento de ventaja en el recuento provisional, Macri había trepado a 4,70 por ciento por encima de Ibarra. Un operador cercano a Ibarra dijo a la Junta que si la diferencia superaba el 5 por ciento impugnarían el recuento. El propio Ibarra le puso paños fríos a la polémica: si bien manifestó que sus resultados son distintos de los judiciales, aseguró que no cuestionaría ningún dato que diera la Justicia.
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Por Adrián Ventura
columnaventura@lanacion.com.ar
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Editó: Lic. Gabriel Pautasso



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